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Una transexual denuncia a su ex por obligarle a visitar al niño con “apariencia masculina”
Laura Darriba, transexual a la que su ex obliga a vestirse de hombre para ver a su hijo. / Consuelo Bautista (EL PAÍS)
Gerardo Darriba se casó con I.P.M. en 2005. “No me atrevía a salir del armario, a asumir lo que era, y pensé que si me casaba y tenía una familia me podría olvidar de esto. Pero me equivoqué”. Gerardo se sentía una mujer. Cuando ya no pudo más, comunicó a su esposa su intención de cambiar de sexo. “Le propuse que siguiéramos juntos por nuestro hijo, nacido en 2007, pero ella no quiso. Nos separamos en julio de 2012. Entonces yo estaba muy mal, con una profunda depresión. La presión era enorme: de mi mujer, de su familia, de la mía, que nunca me ha apoyado…”. Por eso, explica, accedió a firmar una cláusula en el convenio de separación que decía que “ante la situación psicológica y personal que estaba sufriendo por sus problemas de identidad sexual” solo vería a su hijo si acudía con “apariencia masculina”. Después de un año recibiendo hormonas asistido por la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género de Asturias para convertirse en mujer, eso es imposible.
Gerardo ahora es y tiene la apariencia de Laura. “Hoy no tengo ningún problema psicológico más allá de la enorme pena de no ver a mi niño”, cuenta Darriba, de 43 años. “Este año, por no ir disfrazado de hombre, mi ex solo me ha dejado verle tres veces: una en febrero, otra en abril y la última en septiembre”, asegura.
Su ex niega que le impida ver al pequeño: “Solo le pido discreción. No quiero que vaya a recoger a mi hijo al colegio de curas con una falda o vestido y que se rían de él. ¿Qué le cuesta atarse el pelo y ponerse un chándal? Tengo que proteger a mi hijo”, explica a EL PAÍS.
Su exmujer: “No quiero que vaya a recoger a mi hijo al colegio de curas con una falda o vestido y se rían de él”
Darriba ha denunciado a su ex para cambiar esa cláusula que le obliga a ver al niño con “apariencia masculina”. “No quiero tener que disfrazarme de hombre para poder ver a mi hijo. Soy una mujer: desde que me levanto hasta que me acuesto. Ahora me llamo Laura, y eso no cambia que mi hijo siempre va a ser mi hijo, mi sangre. Quiero que me quiera como soy”, explica. “Ir disfrazado, mentirle, es mucho peor. Y además, ¿quién va a decidir si voy suficientemente caracterizado de hombre? ¿Un policía? ¿Mi ex?”.
Un juez revisará el régimen de visitas del niño, que ahora tiene siete años. “Lo único que pido es que dejen que mi hijo decida por sí mismo si quiere verme, si me acepta. Y con el apoyo psicológico y el seguimiento que haga falta”, afirma Darriba. “Conmigo el crío está feliz. Con cuatro años empezó a hacerme preguntas, y yo le he ido explicando que ahora soy Laura, que puede llamarme papá… Soy su papá y lo seré siempre. Si no me aceptara o sufriera, yo esperaría. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema”.
Darriba insiste en que nunca ha querido hacer daño a su exesposa. “Ella se llevó una sorpresa, no sabía lo que me pasaba y yo me equivoqué al pensar que casándome y formando una familia podría olvidarlo. Ella pensó que me echaría atrás, pero esto no funciona así. No es un capricho”.
Su exmujer asegura que lo ha pasado muy mal y que ahora solo le preocupa el bienestar del niño. “Yo me casé con un hombre, tuve un hijo y mi hijo tenía un padre. Era muy feliz. Hasta que un día me dijo: ‘Quiero ser una mujer’. El shock fue tremendo”.
Darriba lleva un año de tratamiento hormonal. Los psicólogos llaman a este periodo “el test de la vida real” (previo a la operación de cambio de sexo), que consiste en comunicar al entorno la nueva identidad y comportarse como una mujer. En su DNI todavía figura como Gerardo porque la ley de identidad de género (2007) permite cambiar el nombre antes de la operación, pero solo tras al menos dos años de tratamiento hormonal. “Esto me ha causado muchos problemas. Si encontrar trabajo es difícil para cualquiera, para las transexuales más. Yo lo tengo especialmente complicado porque me dedicaba a la construcción, un trabajo muy físico, y el tratamiento hormonal debilita mucho”.
La batalla de Alexia
Existen muy pocos casos en España de padres transexuales, pero uno de ellos llegó a Estrasburgo. Alexia Pardo batalló en todas las instancias desde que un juzgado de Lugo estableció, en 2004, que solo podía ver a su hijo en un punto de encuentro, controlado por psicólogos y ante la madre del niño. “¡Vigilada, como si fuera una delincuente, uno de esos padres sospechosos de abusos!”, recuerda 10 años después, aún indignada. “Me arruiné. Cada informe psicológico que aportaba eran 1.500 euros”. Y eso que el abogado que la asistió en el Constitucional y en Estrasburgo, Manuel Ródenas, no le cobró.
Alexia, entonces Alex, se casó en 1997 con Patricia Q. F. En septiembre nació su hijo y en 2001 se separaron. Tres años después, su exmujer solicitó la suspensión de las visitas alegando que el padre de su hijo no se interesaba por él y se estaba sometiendo a un tratamiento para cambio de sexo y que se vestía de mujer. La juez preguntó al niño y este contestó que le gustaba estar con su padre, aunque prefería que no se maquillase, según recoge la sentencia. El informe pericial elaborado por una psicóloga aseguró que, debido a la “inestabilidad emocional” de Alexia, un régimen normal de visitas podría ser “un riesgo” para el niño y recomendó la vigilancia en el punto de encuentro. La decisión no obedecía “a la transexualidad en sí misma”, aseguraba. Una coletilla que se repitió en sentencias posteriores. El juzgado de primera instancia de Lugo impuso el régimen de visitas que recomendaba la psicóloga, pero negó, como decía la madre, que Alexia hubiera desatendido al pequeño.
Alexia recurrió alegando “vulneración del principio de prohibición de discriminación por razón de sexo”.El psicólogo que la atendía desde 2004 declaró que era “emocionalmente estable”, pero la Audiencia Provincial de Lugo desestimó el recurso en mayo de 2005 por entender que un sistema normal de visitas “supondría un riesgo para la salud normal del menor”, quien, “progresivamente”, pronosticaba el tribunal, “se habituará a la decisión del cambio de sexo adoptada por su progenitor”.
Los informes de las psicólogas que vigilaban las visitas en el punto de encuentro eran buenos y se fue ampliando el tiempo que Alexia pasaba con su hijo. “La madre solo fue un día porque las psicólogas se dieron cuenta de que el hecho de que estuviera presente no era bueno, aumentaba la tensión”, explica esta transexual gallega. En 2006, Alexia empezó a ver a su hijo sin vigilancia, incumpliendo la sentencia. Pero aún así llevó su caso al Tribunal Constitucional. “Quería que la justicia reconociera que era una discriminación. Recurrí por las transexuales que vinieran detrás de mí”, explica. En 2008, el alto tribunal admitió su recurso de amparo. El fiscal la apoyó por entender que no había “justificación objetiva” para restringir las visitas y que, pese a negarlo, las instancias anteriores habían decidido hacerlo debido a la orientación sexual del padre, por lo que consideraba “infringida la prohibición constitucional de no discriminación”.
El Constitucional, no obstante, falló en contra, argumentando que “cuando lo que está en juego es la integridad psíquica del menor” no es necesario “que se acredite” ese daño psicológico al niño “para poder limitar los derechos del progenitor”, sino que basta la posibilidad de que pueda producirse. Es decir, que exista “un riesgo consistente en la alteración efectiva de la personalidad del hijo menor merced a un comportamiento socialmente indebido de su progenitor, bien sea por la negatividad de los valores sociales o afectivos que este le transmite durante el tiempo que se comunican, bien por sufrir el menor de manera directa los efectos de actos violentos, inhumanos o degradantes a su dignidad ocasionados por el padre o la madre”.
Alexia recurrió entonces al Tribunal de Estrasburgo, que en noviembre de 2010 avaló la decisión del Constitucional ante el “riesgo para el bienestar psicológico del niño y el desarrollo de su personalidad”.
“Afortunadamente, hoy tengo una relación maravillosa con mi hijo”, asegura Alexia. “Él me ha aceptado siempre y cuando cumplió 12 años pidió normalizar la situación. Presenté una nueva demanda y en 2013 su madre y yo por fin llegamos a un acuerdo”. Para entonces, D. P. Q. había cumplido los 16. Cuando sus padres se separaron tenía cuatro años.
Cuidado con este tema porque es bastante serio y no queremos pasarnos de la raya. Pero el caso de Joan Cardona nos ha dejado entre la sorpresa, la indignación y el no saber qué decir. Y que a nosotros nos pase eso ¡es mucho!
El 19 de noviembre de 2012 una chica de 26 años llegaba a su casa y vio como un chico aparcaba una moto. Al entrar en el portal, el chico se puso tras ella, que le dejó entrar (pensando que iba al mismo edificio). Una vez dentro él le cortó el paso, la cogió por los brazos, le apretó un pecho y la zona genital por encima de la ropa. Los gritos de la chica hicieron que el agresor huyera.
Unos días después la chica, que trabajaba en un supermercado, aseguraba haber reconocido a su agresor. Le hizo una foto y lo denunció.
El chico al que denunció es Joan Cardona, de 27 años. Y es gay.
Joan Cardona y su hermana Lourdes (Foto de Andreu Puig)
Desde el primer momento Cardona no ha ocultado que es gay y ha aportado pruebas exculpatorias suficientes para que el juez tuviera dudas sobre la autoría del delito de agresión sexual. Desde el hecho de que ni tiene moto ni carnet de moto (al juez le dio igual porque “podría haber usado una moto prestada” -sí, ahora las sentencias judiciales se basan en lo que podría haber pasado-), hasta el testimonio del hermano de Joan y la compañera de piso de éste que estuvieron cenando con él en el momento en que ocurrió todo.
Pero lo más sangrante es, en realidad, el hecho de que el motivo por el que el juez ignoró totalmente el hecho de que Joan es gay (pasándose por el arco del triunfo el testimonio de un ex novio de Joan): “En el ámbito de las tendencias sexuales las posibilidades son múltiples“. Dando a entender que aunque Joan sea homosexual, puede perfectamente sentir el impulso de agredir a una mujer.
¿A ti te pasa? Porque a mí no. Como denuncia Joan, el problema es que “cuando eres heterosexual no hay ninguna duda, pero cuando eres homosexual lo tienes que demostrar“.
Joan ha sido condenado a tres años de cárcel por el juez del apoyo del Juzgado Penal 8 de Barcelona, cuya sentencia ha sido ratificada por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, a la que la hermana de Joan acusa de haber hecho un “cortar y pegar“. Pero, como denuncia Joan y su familia, da la sensación de que ninguno de los jueces se ha mirado la documentación aportada y basan la condena única y exclusivamente en la identificación de la víctima porque “la rotundidad que la víctima ha demostrado en la descripción de la agresión se repite en la identificación del culpable“. Teniendo en cuenta que la chica primero dijo que no conocía al agresor, luego que sí lo tenía visto del barrio (cuando lo identificó como Joan) y que se confundió en la descripción de la cazadora, la altura y la longitud del pelo… Nos gustaría que ese juez nos explicara su concepto de “rotundidad“.
Joan, que asegura que en el momento en que la chica sufrió la agresión (hecho que no pone en duda aunque no se presentara parte médico) estaba enviándose mensajes amorosos con otro chico. El chico y su familia han enviado el caso al Tribunal Constitucional, para que revisen lo que ellos denuncian como una vulneración de sus derechos. El recurso ante el Constitucional no paraliza el cumplimiento de la pena y Joan está en tratamiento psicológico y asegura que “ya estoy pasando la condena aunque no esté en prisión todavía, pero sí que me veo en ella“.
Lourdes, la hermana de Joan, asegura que este caso es “un error nefasto de un sistema judicial ineficiente y por eso queremos que todo el mundo sepa que mi hermano no ha hecho nada. Queremos una reflexión sobre el sistema judicial y la presunción de inocencia en nuestro país.“
Aunque les puede costar una pasta, la familia asegura estar dispuesta a llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo. El hashtag #justiciaparaJoan se está extendiendo en las redes sociales, reclamando que el caso sea revisado y se respete la presunción de inocencia del chico.
¿Existen naciones con legislaciones aún más feminazis que la española? Sí, existen. Sin ir más lejos, Francia, el Reino Unido y la República Federal de Alemania prohíben la realización de test de paternidad sin el consentimiento de las madres. Todo un avance en materia de preservación del derecho femenino al goce, disfrute y confidencialidad de algo tan sensible e íntimo como su sexualidad.
Las excusas que se dan para esta norma varían, pero parten todas del mismo trasfondo básico: Favorecer que cada una haga de su coño un sayo, manteniéndose tanto ella como su prole a expensas del varón explotado, al que se le priva de cualquier herramienta para quedarse tranquilo si se cree cornudo… o para iniciar las acciones legales que pudieran proceder (por ejemplo, para que su mujer le reintegre los gastos en los que ha incurrido bajo engaño) si resulta serlo realmente.
Vamos a tratar de comentar la situación con toda la seriedad que se merece porque estamos hablando, pura y simplemente de la institucionalización del owned: Te digo que el niño es tuyo aunque sea más negro que la Jolly Roger. Y que viva Cartagena.
Así, en Alemania, hacer un test de paternidad sin permiso de la madre conlleva 5.000 euros de multa. Verdes e izquierdistas se quejan de que esta legislación no resulta lo bastante restrictiva mientras la Ministra de Sanidad explica que “la ley es para proteger a los pacientes”… los mismos pacientes que -eso sí- pueden ser asesinados por sus mamás hasta noventa días después de haber sido concebido. En Francia, donde probablemente se creen que los niños son ensamblados en París, nos dicen que “la paternidad la determina la sociedad y no la biología” para prohibir la realización de estos tests y se escudan en la necesidad de “preservar la paz en las familias” para multar con 15.000 euros a los osados que envíen muestras de ADN por correo a laboratorios de fuera del país.
Pero quizá la peor situación sea la que se da en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde los súbditos de Su Graciosa Majestad no solo tienen prohibida la realizaciuón de test de paternidad sin consentimiento del presunto hijo… sino que además tienes la obligación de avisar a la Policía si tienes noticia de que alguien los va a realizar. Todo ello mientras debaten sobre la prohibición de los test de ADN para realizar en casa.
El peregrino argumentario para justificar todo esto no tiene desperdicio: “Pone en riesgo a las familias”. “Los niños pueden sufrir”. Y el mejor de todos: “No se permite a la madre exponer sus puntos de vista”. Tengo que decir que, personalmente, me encantaría asistir -como mero espectador ajeno al tema- a la exposición razonada, serena y ordenada de los puntos de vista de una madre pillada in fraganti mientras le intenta colar la crianza y manutención de un huevo de cuco a su desafortunado compañero. Sería tremendamente ilustrativo.
Cabe preguntarse de donde sacan exactamente estos legisladores su concepto de familia. Probablemente de sesudos estudios como los de esta profesora de derecho australiana: No solo están en juego los sentimientos de los hombres -explica la muy zorra- sino que, ya que se está haciendo cargo de las responsabilidades derivadas de quien no es su hijo biológico, puede ser lo más beneficioso para el niño que ese hecho permanezca oculto. Por si quedara alguna duda, una universidad anglosajona nos da, ya sin ambages, el argumento clave para no contarle a un padre que el niño al que está criando no es suyo: La mujer suele ganar menos que el hombre, por lo que esa revelación le perjudicaría más a ella que a él.
Y esto se sostiene y se plantea como argumento serio muy pocos años después de haber tomado medidas legales y procesales absolutamente necesarias para asegurar los derechos de los hijos… basadas precisamente en obligar al varón a someterse a las pruebas de ADN, interpretándose una negativa como un reconocimiento tácito de la paternidad. Son medidas que nos parecen universalmente justas y necesarias… pero nosotros -como buenos carcamales- sí creemos que la paternidad va ligada a la biología y no a la telaraña de relaciones sociales que pueda entablar la mamá de turno.
Porque la magnitud real del problema no es ninguna broma: El porcentaje de hijos cuyo padre real no es el declarado por la madre asciende al 4%. Casi uno de cada veinte. Y con esta cifra encima de la mesa, se pretende la renuncia de los hombres a algo tan esencial como la seguridad de que los niños que está criando y manteniendo son suyos. O -eventualmente- de que las pensiones alimenticias que está pagando realmente le corresponden.
Porque no cabe la menor duda de que aquí el problema es económico: Muchas mujeres europeas se labran un verdadero modus vivendi (lo hemos visto aquí y aquí) a costa de la explotación del varón a cuenta de los hijos que mantengan en común. Se trata de una construcción conceptual frágil de por sí, sostenida esencialmente por la pura y simple desidia de nuestras sociedades civiles ante unos poderes públicos mediatizados. Para que pueda perdurar, no basta solo la desactivación mediática del sentido común sino que es necesaria la deshabilitación de todas las herramientas procesales que amenacen el brillante amanecer de esta era de esclavitud del varón.
Y así como el fondo es económico, el trasfondo ideológico es el mismo de siempre: La pura y simple Ley del Embudo que configura la esencia del feminazismo. En este caso se trata de combinar la libertad sexual con las presunciones y derechos otorgadas por las legislaciones civiles a los hijos nacidos dentro del matrimonio… y a las madres que paren en el marco del mismo.
Si estamos aceptando que en un matrimonio cada uno de los dos es dueño absoluto de su sexualidad y en consecuencia eliminamos de los códigos penales los delitos de adulterio y de los civiles las figuras de divorcio culpable… los test de paternidad no deberían ser la excepción, sino la norma. Una mujer podrá sentirse herida por la falta de confianza de su pareja, pero lo que no es razonable es que se cierre legalmente el acceso a la única vía posible mediante la que un varón puede comprobar si realmente le corresponde el enorme conjunto de derechos y obligaciones que conlleva la atribución de una paternidad.
La paternidad la determina la sociedad, dicen las zorras cuando oyen hablar del ADN. Y estos dos se lo creyeron.
El cuerpo del hombre asesinado en Fuenlabrada, tapado con una sábana | Foto enviada por un vecino
Una mujer ha asesinado presuntamente a su ex pareja en Fuenlabrada. El suceso ha ocurrido en el mediodía de este domingo, cuando varias dotaciones de Policía y Emergencias se han desplazado hasta la calle Callao en su confluencia con la Avenida de la Hispanidad para cubrir la emergencia.
Imagen de un coche de Policía en el lugar del suceso
20/09/2015 | Sergio Martínez | Fn
La información de la que dispone Fuenlabrada Noticias en este momento de fuentes vecinales es que la pareja, residente en un bajo, ha comenzado a discutir. En un momento de la trifulca la mujer, que estaba dentro de la casa, ha salido con un cuchillo en la mano a por el hombre, que estaba fuera del domicilio, y le ha asestado varias puñaladas en plena calle. Para cuando llegaron los servicios de emergencia ya nada se podía hacer por la vida del hombre, porque una de las heridas pudo afectarle directamente al corazón.
El motivo del crimen aún no se ha esclarecido, si bien las personas consultadas por este diario alegan conflictos sentimentales e incluso problemas médicos que preferimos omitir al no poder ser contrastados. La mujer, previamente, había denunciado a su ex pareja por malos tratos.
Mercedes Patón, abogada especialista en hombres maltratados, atiende cada día numerosos casos de hombres denunciados por sus parejas o ex parejas. En esta entrevista, analiza para Madridiario la “desprotección” masculina desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.
¿Se siente ‘abogada del diablo’?
La acogida está siendo buena. Aquí no solo llaman hombres, sino también madres, hermanas o nuevas compañeras pidiendo ayuda, porque ellos están tan mal que no quieren ni hablar, igual que les pasa a las mujeres maltratadas. La diferencia es que la ley ampara a la mujer al cien por cien y al hombre lo ha discriminado al cien por cien.La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género fue muy bien recibida. ¿Qué cree que está fallando?
El texto considera que la mujer, de por sí, está por debajo del hombre. Nos trata como si fuéramos tontas, porque presupone que siempre estamos subyugadas al hombre, y para mí eso es una humillación. Y además considera que una pelea en un matrimonio es violencia de género. A un hombre pueden caerle varios meses de cárcel por llamar “tonta” a una mujer, mientras que si se lo llama ella a él no le pasa nada o, como mucho, se le impone una multa de 30 euros. Es como si ellos, por el hecho de ser hombres, ya fueran potenciales criminales.¿Cuál es el problema, que los hechos leves sean considerados maltrato o que solo ocurra esto cuando la mujer es la víctima?
Lo segundo. Cuando es la mujer quien lo ejerce sobre el hombre, no es maltrato. ¿Por qué? ¿Es que no somos iguales ante la ley? ¿O las mujeres no queremos ser iguales? Si es así, tendrán que tratarnos exactamente igual. Yo no quiero que me traten de forma diferente a un hombre o que crean que, por ser mujer, estoy sometida a él.
Entonces, ¿no somos iguales ante la ley?
En absoluto, y las diferencias de trato están generando más violencia. Eso provoca, además, que los temas civiles se están viendo en los juzgados de violencia de género, que no tienen experiencia en derecho de familia y se están saturando.
¿Qué tipo de casos se le presentan con más frecuencia?
Por ejemplo, tengo un caso en el que los dos se han lesionado mutuamente, pero a él lo consideran como a un maltratador y a ella no. Está desesperado y en tratamiento psiquiátrico, pero los jueces no hacen caso de sus informes y sí de los de ella. En otra ocasión, una mujer denunció a su ex por malos tratos un año después de divorciarse para que el caso se trasladara a los juzgados de Violencia de Género y así poder quedarse con el piso.
¿Cuáles son las consecuencias?
Cuando a un hombre le consideran un maltratador, la sociedad lo relega. Nadie quiere acercarse a él. La familia sufre unos calvarios impresionantes. Y además hay compañeros abogados que, en lugar de apaciguar, echan más leña al fuego. ¿Tan mal están las cosas?
La ley está fuera de lugar, pero porque está siendo mal utilizada por las mujeres y por los profesionales. La ley tiene que usarse para lo que de verdad es maltrato, no una mera discusión de pareja. A las que de verdad están maltratadas les cuesta muchísimo salir a la luz y, cuando lo hacen, toman otra actitud; no se van de cañas nada más salir del juzgado. Y, por otro lado, los juzgados de Violencia de Género se están saturando y están tardando más de un año en resolver asuntos que llevarían unos pocos meses en el Juzgado de Familia.
Pero antes de la Ley Integral ya había quien criticaba las leyes porque consideraba que favorecían a la mujer.
Las mujeres siempre nos hemos quejado de que los hombres no nos ayudan, y ahora que lo quieren hacer les decimos que no. ¿Por qué? Porque, en igualdad, si hubiera un divorcio no nos quedaríamos con todo. Es un error. Yo les aconsejo que liquiden gananciales en el momento y que lo dejen todo zanjado, porque si siguen viviendo pendientes de ese asunto no van a descansar, por no hablar del rencor que transmiten a los hijos.
Si la sociedad victimiza a la mujer, ¿la igualdad significaría victimizar al hombre?
Lo mejor para evitar victimizaciones es la mediación, que permite que las cosas se apacigüen, se llegue a acuerdos y eso termina cumpliéndose. Pero tenemos que ir con calma, no con odio ni contra el otro, ya sea hombre o mujer. Lo mismo que vas libremente a casarte, tendrías que ir libremente a divorciarte, sin ánimo de hacer daño al otro.
Lo que está pasando, ¿es un problema de educación?
Sí, esto viene desde la escuela y desde el propio hogar de los menores. Mientras no haya una educación de igual a igual, no hay nada que hacer. Hay roles que pueden admitir perfectamente el uno o el otro, pero siempre desde el trato de igual a igual.
Y los jueces, ¿como actúan?
Unos se involucran y otros no se complican la vida y cumplen la ley a rajatabla. Además, a veces tampoco pueden valorar bien las cosas porque hay un gran atasco. Su posición es muy difícil y hay una presión social brutal. Cada vez que una mujer muere y el hombre ha sido denunciado o acusado, y el magistrado lo ha dejado en libertad por falta de pruebas, echan en cara al juez el asesinato. Por eso algunos, después de haber pasado por esas experiencias, no quieren complicarse la vida.
Pero la ley se hizo para proteger a la mujer…
Sí, pero no había ninguna razón para dejar de proteger al hombre. El error está en pensar que solo hay que protegerlas a ellas, cuando habría que proteger a aquel sujeto que sufre maltrato.
¿Tienen miedo a denunciar los hombres maltratados?
Algunos lo hacen, pero saben que su caso no va al juzgado de violencia, sino al de instrucción, donde se mezcla con otros de peleas en la calle o robos, mientras que cuando las que denuncian esos hechos son ellas se dirime en los juzgados de Violencia de Género. Solo hay estadísticas de juzgados de violencia contra la mujer, cuando tendría que haber estadísticas conjuntas, ya sea del hombre hacia la mujer o viceversa. Cuando ambos denuncian los mismos hechos, a ella se la somete a un juicio de faltas y, a él, a uno sobre violencia y con una orden de alejamiento. Y el atasco ha llegado a provocar que la notificación de la orden llegue tarde en algún caso, con lo que un hombre puede acercarse a la mujer protegida sin saberlo y ser detenido sin saber por qué.
¿No dictan órdenes de alejamiento a las mujeres en situaciones análogas?
Ahora están empezando a hacerlo. Yo las he pedido recíprocas en algunos casos, porque si un hombre con una orden de alejamiento está tan tranquilo en un bar y ella se acerca, tiene que salir corriendo.Así que si ella quiere que le detengan no tiene más que acercarse y llamar a la policía. Tengo otro cliente que tiene la pulsera puesta porque ella le ha denunciado y no puede trabajar, ya que ella trabaja cerca y no puede hacerlo con la orden de alejamiento. Ese juez le ha quitado el derecho al trabajo. Se están creando situaciones muy injustas. Ellos no pueden saber dónde está ella en cada momento. Estos casos son mucho más frecuentes de lo que parece y están creando mucho odio.
¿Qué solución propone?
La ley no está pensada para generar igualdad. Eso hay que combatirlo tratando jurídicamente por igual a ambos; es decir, manteniendo la misma ley, pero aplicándola a ambos sexos. Bajarían muchísimo los litigios por violencia. Pero estoy luchando a contracorriente.
¿Le salen muchos clientes?
Sí. Además, me encuentro casos sangrantes, como un hombre a quien le ha dado una embolia y no puede moverse. Su mujer le quita el teléfono, no le da de comer, no le deja salir de casa, se hace con su cuenta corriente… Ese hombre está sufriendo un maltrato, pero eso no va a los juzgados de Violencia, porque solo son para la mujer. ¿Se dan más casos entre parejas jóvenes?
A las mujeres de mi generación nos educaron para aguantar. En las nuevas generaciones, depende de lo que les hayan inculcado en casa. Cuando teienes pareja, haces lo que hayas visto hacer a tus padres, a no ser que pienses de otra manera y veas que eso está mal. Mi madre me dijo que nunca dejara de trabajar para que el hombre nunca pudiera echarme en cara que el dinero lo traía él a casa. El dinero da independencia y no hay por qué estar sometida a nadie. Pero algunas mujeres denuncian, consiguen las ayudas previstas para mujeres maltratadas y luego vuelven a juntarse con sus ex parejas. Y las estadísticas no entienden de matices.
¿Qué supone para un hombre que lo acusen de maltrato?
Un estigma para toda su vida; los tratan peor que a los etarras. Cuando detienen a un hombre acusado de malos tratos y me llaman para que vaya a defenderlo, me dejan hablar con él dos minutos en el calabozo y en muchos casos no sabe ni de qué se le acusa, pero ella se lo sabe todo. Ni siquiera se dan las condiciones apropiadas para llevar a cabo su defensa.
Entonces, ¿la ley no ha servido para nada?
La ley ha intentado arreglar el problema sin conseguirlo, porque siguen las estadísticas de mujeres muertas a manos de hombres. Pero cuando una mujer mata a un hombre, casi siempre se dice que él la estaba maltratando antes. ¿No puede ser que ella le estuviera maltratando ya? Eso sí se plantea cuando es él quien la mata a ella. Y cuando un hombre dice que una mujer le maltrata, se ríen de él hasta en la comisaría. E incluso a algunos les han dicho los agentes que no denuncien porque tienen la ley en su contra, ya que en cuanto la llamen a declarar a ella y pueda prepararse con un abogado puede acusarle a él de malos tratos, y es el hombre quien tiene todas las de perder.
Tenemos varios proyectos que estamos trabajando, entre ellos dos encuestas realizadas en los Estados Unidos y un proyecto de grupo de enfoque que incluye a hombres de cuatro países de habla Inglés diferentes.
Estaremos publicando los resultados de nuestros proyectos en esta página web a medida que estén disponibles. Análisis de los datos lleva mucho tiempo, así que por favor visite con regularidad. Si a usted le gustaría estar en nuestra lista de correo electrónico para recibir actualizaciones de nuestro progreso, por favor haga clic aquí y complete el formulario con su nombre y dirección de correo electrónico. Gracias.
“Gracias por su esfuerzo en la investigación y la publicación sobre las víctimas masculinas de la violencia doméstica usted. Ser víctima masculina es más vergonzoso que la mayoría de la gente cree … No “simplemente no es la financiación para los hombres” en mi comunidad.A menos, por supuesto, el macho es un agresor. Al hacer que el problema no específicamente sobre mí, me he dado cuenta que soy capaz de hablar mejor sobre mis experiencias con las que eligieron a mí ridiculizar o mirar hacia otro lado. Su investigación ayuda a entender que no estoy solo. “- Víctima masculina anónima
Los resultados de nuestra encuesta de Estados Unidos 2012-2015:
Hines, DA, y Douglas, EM (en prensa). Influencia relativa de las diversas formas de violencia contra la pareja en la salud de las víctimas masculinas: Estudio de un Helpseeking Muestra. Psicología de hombres y la masculinidad.
Douglas, EM, y Hines, DA (en prensa). Los niños cuyos padres buscar ayuda para Socio Violencia Victimización: características descriptivas y su Salud del Comportamiento, en comparación con una muestra poblacional. La violencia y las víctimas.
Douglas, EM, y Hines, DA (en prensa). La exposición de los niños a la violencia de pareja en los hogares donde los hombres buscan ayuda para el Socio Violencia Victimización.Diario de la Violencia Familiar.
Los resultados de nuestra encuesta de Estados Unidos 2007-2009:
Hojas informativas:
Nos gustaría dar las gracias a Sean C. McCarthy para trabajar en una serie de hojas informativas que sucintamente resumir nuestras principales hallazgos del estudio. Estos hallazgos son o serán elaborados sobre en nuestras publicaciones, pero las hojas de datos pueden ser muy útiles para los responsables políticos o profesionales que quieren “sólo los hechos”, sin toda la teoría de la jerga y el fondo que los artículos de revistas de investigación tienden a tener.
«El rey va desnudo». Con esta simple frase podría resumirse el enfoque que el abogado Antonio García Noriega le ha dado a su libro, “La justicia enferma”. En él analiza, de una forma cruda y directa, cómo se encuentra y no duda en ser políticamente incorrecto y afirmar que hay denuncias falsas en violencia de género o en señalar la falta de formación de los secretarios judiciales.
Antonio García Noriega es un abogado especializado en dos campos: antiblanqueo de capitales y constitucional. Tiene una larga y prolífica carrera. Quiso ser juez pero descubrió que le apasionaba el ejercicio libre de la Abogacía. Ha viajado, conoce mundo, y ha aprendido a llamar a las cosas por su nombre. Su libro es una buena prueba de ello porque no se ha mordido la lengua. Sin miedo, afirma que le consta que hay denuncias falsas, critica el sistema “acientífico” que se utiliza para determinar la peligrosidad de un potencial agresor de violencia de género o la nula formación de los secretarios judiciales para cometidos de dirección de la nueva oficina judicial, para los que no han sido capacitados, entre otras cosas.
Lamenta el actual estado en que se encuentra la justicia que, en muchos aspectos es como una pesadilla de Kafka. Pero por encima de todo lamenta que no esté en la agenda política. “Ni está ni se la espera”, dice.
Se habrá quedado usted a gusto después de escribir su libro, ¿no?
No crea. Deberiamos concienciarnos en lo importantísimo que sería arreglar esta materia. La sanidad, la educación y la justicia son temas que deberían estar en la agenda política. La justicia, hoy por hoy, ni está ni se la espera. Y es una pena.
Usted habla en su libro de que hay denuncias falsas. Ya sabe lo que se dice oficialmente. ¿A usted le consta de que existen? ¿Conoce casos?
A mi me consta que hay denuncias falsas en la violencia de género. Y puedo dar nombres y apellidos. Yo aquí no he escrito nada que no pueda documentar. Hay que tener en cuenta una cosa: El escape de la denuncia falsa es que el juez no entra en decir que es falsa. El juez dice que los hechos no están probados. Como el juez no dice rotundamente en la sentencia que esto es infumable. No se lo puede creer nadie. Hay veces que lo dicen en la sala, en el interrogatorio, y luego, sin embargo, no lo ponen con claridad en la sentencia. Siempre dejan el espacio a la duda y eso impide que se pueda actuar por el delito de denuncia falsa o el delito de calumnia.
Si tuviéramos que destacar algo en su libro sería el tono. Es un tono crítico, cargado de datos, cargado de razón y sin ningún miedo. No se ha contenido. Por ejemplo, la forma con que desmonta el sistema con que se calcula la peligrosidad de un potencial agresor en la violencia de género.
Cualquier varón puede ser considerado peligroso por un cabo de la Policía Local, la Guardia Civil o un agente, sin mayor formación –y que no ha dormido bien por la noche-, porque puntúa tal número de equis en el formulario. Es un sistema completamente acientífico. No tiene ninguna base seria sobre la que sostenerse.
Con la información de ese formulario los jueces alejan a los hombres de sus hogares “provisionalmente”, se dice. Pero yo conozco provisionalidades que han dado con gente colgadas de una cuerda o arruinadas.
Ese hombre llega al Juzgado y el Juzgado, salvo que el juez, haga la labor heróica, o crítica, de considerar que el guardia no es fiable -cosa que a veces hacen y a veces, no- se va a encontrar con que el fiscal, en principio, va a sostener la opinión policial. Y entonces ese hombre va a ser considerado peligroso de un modo, repito, completamente acientífico. De un modo intuitivo.
Cuando se juega con los derechos fundamentales de las personas no se puede jugar con la intuición. Hay psicólogos forenses. Llévelo usted al psicólogo forense. Pero no me venga diciendo que el formulario lo ha rellenado el cabo
¿Está usted seguro de que ese formulario no tiene ninguna base científica?
Ninguna. El juez puede hacerle caso o no hacerle caso. Pero, ¿qué es lo que pasa?, ¿quién es el juez que tiene los arrestos de decir yo no voy a hacer caso a esto y a exponerse a que ese hombre sí sea peligroso? Que le pegue la ventolera y ese día mate a su mujer o le pegue una paliza.
¿Qué es lo que hacen los jueces entonces? Ante la duda aplican el principio de precaución. ¿Y cuál es ese principio? Pues cargarme la presunción de inociencia y poner tierra por medio entre los combatientes o posibles combatientes. Si le pongo a uno a más de quinientos metros de la otra pues no se pegarán. ¿Eso es justo? Pues no lo es, desde mi punto de vista.
Usted dice en su libro abiertamente que de esto vive mucha gente y que por ello se mantiene…
Sí, lo digo así de claro y así de rotundo. El problema que tiene la Justicia española es que muchas instituciones dependen del Telediario. Usted recordará un ejemplo que pongo en el libro: las mordeduras de perros. La famosa campaña de mordedura de perros. Antes los perros eran peligrosos. Después dejaron de ser peligrosos, pero da lo mismo. Ahora tienen todos un seguro y las compañías de seguros están encantadas.
Igual que de eso hay gente que vive de la ley de violencia de género. Se han constituido asociaciones, que algunas son serias y otras no. Algunas son asociaciones ideológicas y esas asociaciones solamente por eso tienen prácticamente asegurado participar en el pastel de las subvenciones.
Son asociaciones que no son altruistas. En algunas de ellas va una mujer a que le lleven un pleito y si tiene medios, le cobran, como es lógico. Pero si esa mujer no tiene medios, la asociación no suple la justicia de oficio. Simplemente reconduce el pleito a sus propios abogados en régimen de turno de oficio. Se está captando una clientela.
Luego esa mujer que es pobre, técnicamente, deja de serlo cuando se liquida la sociedad de gananciales, con lo cual ahí tenemos un caladero de clientes. Hay psicológicos, oficinistas, un montón de gente que alrededor de eso ha creado un medio de vida. Muchas de esas asociaciones desaparecerían si constatásemos su absoluto inutilidad.
¿Qué es lo que pasa? Que el sistema actual permite que todo aquel que diga violencia de género pueda llegar a vivir de ello, cosa que no pasaría si hubiera un tratamiento científico y serio del asunto. Porque muchas de las supuestas labores de esas asociaciones deberían ir encaminadas a instituciones que tienen capacidad y experiencia, como Cruz Roja.
Sin embargo, a Cruz Roja le están sustrayendo recursos para dárselos a estas asociaciones. ¿Por que no e quita esto de un plumazo? Porque forma parte del “lobby feminista del PSOE”, del partido tal o del partido cual, en palabras de Joaquín Leguina. La expresión es correcta. Hubo un tiempo, el de Bibiana Aído, Leire Pajín, Trinidad Jiménez. Esas fueron las cabezas visibles de una serie de desmanes que se hicieron. Pero luego, como los demás gobiernos, también legislan en parte para el telediario, ¿quién es el guapo ahora que deroga la ley de violencia de género?
También se refiere a los secretarios judiciales y dice de ellos que han querido convertirlos en los directores de la Oficina Judicial y que no tienen ni idea de contabilidad, de organización de recursos humanos, de eficiencia administrativa, de informática… Desde su punto de vista, ¿son inoperantes?
Sí, son inoperantes en lo suyo, en lo que se les ha confiado. Esto es como confiar la cocina de un regimiento a un coronel. Puede ser un magnífico militar, pero no es un cocinero. El problema de los secretarios es que la formación que se les ha pedido es una formación jurídica. Son juristas. No son organizadores de empresa. Es posible, no lo sé, que haya que plantearse que en la oficina judicial tenga que ser llevada por profesiones no jurídicas. A lo mejor hay que planteárselo.
Lo cierto es que los secretarios judiciales son gente perfectamente formada para el mundo del derecho. Tienen la misma capacidad acreditada de un juez, pero lo que se les pide es que hagan otra cosa diferente. Ellos no tienen la culpa.
¿Y lo pueden hacer?
Yo creo que tal como está configurado el asunto, no. Hay que cambiar completamente la mentalidad. Si hemos dicho que la oficina judicial no tiene por qué depender del jefe, del juez, porque esto no es una cuestión jerárquica, porque esto no es un regimiento, tenemos que ser consecuentes. Lo que deberíamos plantearnos es si realmente, en el siglo XXI, cabe que una estructura organizativa se confíe a personas a las que no se les pide una formación ni se les forma posteriormente en esa materia, cuando la Universidad está dando veinte profesiones organizativas.
Y ya digo que no sé si la solución está en sacarlo del ámbito jurídico, pero puede ser. Si no, por lo menos, cojan ustedes a los secretarios, llévenlos un año a la Escuela Judicial y formenles en lo que tienen que dominar.
De las estadísticas judiciales usted afirma que no responden a la realidad, que se cuentan tres o cuatro asuntos como uno.
Sí, es así.
¿Quiere usted decir que en vez de 9 millones de asuntos judiciales tenemos 3 millones? Podría deducir de sus palabras que jueces y secretarios están falseando las estadísticas…
No, yo no digo eso. Yo digo que presentan las estadísticas de modo que la percepción que se tiene del volumen de trabajo no se corresponde con la realidad. No es lo mismo. Me lo estuve pensando antes de escribir sobre este tema. Yo tengo jueces y secretrarios amigos que no son delincuentes. Un poco jetas, algunos sí, pero no son delincuentes.
El tema es el siguiente. Si yo digo que he tenido dos juicios de faltas y he tenido sólo uno, estoy cometiendo una falsedad en un documento público. Si yo digo, sin embargo, que he tenido un juicio de faltas y un ordinario, y unas diligencias preliminares, y un juicio por delito, y no digo que todo eso corresponde al mismo asunto, a los mismos justiciables y a la misma razón de pedir, realmente no estoy mintiendo en cuanto a que he llevado cinco asuntos. Estoy dando a entender que la justicia española está resolviendo cinco casos, pero no está resolviendo cinco. Está resolviendo uno. Lo que pasa es que cada asunto se enumera hasta 4 veces como cosa normal.
¿Por qué no se cree usted la eficacia del sistema disciplinario de los jueces?
Que en un colectivo de 5.000 miembros sólo se haya sancionado en un año a 16 equivale a un porcentaje de un 0,3 por ciento de resoluciones disciplinarias positivas en relación al número de jueces. En relación al número de reclamaciones presentadas contra estos, de 1.048 reclamaciones presentadas, las 16 medidas disciplinarias constituyen el 2 por ciento. ¿Sólo 16 de más de 5.000 jueces han mereceido una medida disciplinaria en todo un año? Es decir, el 99,7 por ciento de todos ellos son ortodoxos en todas y cada una de sus actuaciones. Esa perfección es más propia de ángeles que de humanos. Quizá es que el sistema de detección es muy imperfecto.
Según su punto de vista, la Justicia española está mal configurada y peor administrada.
Sí. El régimen de trabajo en los juzgados no sería homologado de ninguna manera en una empresa privada. Le pongo un ejemplo. Creo que en la Caixa tiene 28.000 empleados. Hablo de memoria. El BBVA, treinta y tantos mil. El Banco de Santander habla de 200.000 empleados en su grupo. Justicia española: cuarenta y tantos mil. ¿De verdad que el volumen de trabajo de la Justicia española es equiparable a cualquiera de esas entidades en el día a día? Y en uno se trabaja a 24 horas, fecha valor, en otro se trabaja a un año, a vuelva usted mañana, a 5 meses.
También, señor García Noriega, es muy crítico con los funcionarios, de los que dice que trabajan cuatro horas y media o cinco al día. No los llama vagos, pero vamos…
Todos no, pero muchos sí. Hay algunos que trabajan como desgraciados. Nueve horas, pero, ¡cuidado! que no me conviertan la excepción en regla. Eso si que no. Hay juzgados que tienen un funcionario que está todo el día en plan flexo y camilla y tiene otros diez compañeros que trabajan cinco horas. Hay muchos funcionarios españoles que trabajan cinco horas. Y ahí está la anécdota de los relojes de fichar. Si tanto trabajan, ¿por qué se niegan a que haya relojes de fichar y los boicotean?
Hablemos de las fianzas en casos de alto perfil mediático. ¿Las fianzas se están utilizando por parte de algunos jueces para censurar a algunas acusaciones populares?
Por parte de algunos jueces, sí. Cuando un juez no quiere que haya una a cusacion popular tocándole las narices el instrumento más fácil que tiene es ponerle una fianza alta. Como además son asuntos que tienen una trascendencia económica muy alta pues el juez tiene mucho margen de maniobra.
El secretario general de Manos LImpias, Miguel Bernad explicó recientemente que en el caso Urdangarín la fianza fueron cero euros, en el caso de los ERE de Andallucía fueron 300 euros, en el caso de Pujol Ferrusola 20.000 y en el caso de Neymar 60.000 euros…
La acusación popular es un incordio. A veces es buena, pero muchas otras veces es un incordio para el juez y para el fiscal. Por ejemplo, si no hubiera habido acusación popular en el caso Urdangarín hoy estaría ya archivado. Porque el fiscal había pedido el archivo y la Abogacía del Estado también. Ese asunto se sostiene porque hay acusación popular.
¿Y los macroprocesos? Asegura que no sirven de nada…
Sí. En el caso de los ERE de Andalucía cogeran unos cuantos cabezas de turco. Quizás alguno de primer nivel, pero porque están quemados. Si no lo estuvieran, no caerían. Cogeran a algunos cuantos de segundo nivel. Y vamos a ver cuántos salen. Cuántos entran en la cárcel en el tanto por ciento. Lo digo porque hay una manera de absolver, que es no hacer una condena efectiva. Yo como abogado lo hago cada vez que puedo. Pacto con el fiscal, en vez de dos años y cuatro meses, dieciocho meses. De ese modo mi cliente no entra en prisión.
También aborda la figura de los jueces estrella y habla de un juez en concreto, Javier Gómez Bermúdez. Dice, con cierta ironía, que va con sombrero, con fular para autopromocionarse. ¿Por qué no le gusta este estilo de juez?
Porque el juez estrella no consigue que la opinión pública capte la atención del proceso sino que capte la atención en él. Y él luego controla el proceso. Legalmente, con excesos o sin excesos. Al final, los jueces estrellas terminan mandando cartas de “querido Emilio”. A los jueces estrellas les terminan escribiendo un libro a los veinte días del mayor proceso de la historia de España.
Es usted muy duro.
¿Se imagina usted cómo hubiera sido la vista del 23-F si en vez de llevarse como se llevó, mal en muchas cosas, bien en otras, usted se imagina si esa instrucción se hubiera confiado a un juez estrella? Ahora mismo tendríamos diez libros sobre el tema y conferenciando sobre derecho militar. Son negativos por definición.
Tampoco deja pasar algo que es sagrado: el llamado sentido de Estado, que usted define como actuar por criterios de conveniencia política en vez de atenerse a la ley. Así, “a palo seco”.
Sí porque el sentido del Estado es la razón de Estado. Hemos vuelto a Luis XIV. Un ejemplo de esto fue el caso Banca Catalana. Entonces se consideró que exculpar a Pujol, que es un presunto golfo de siete suelas. La actuación de la justicia española fue calificada entonces por algunos miembros de la propia sala que tomó la decisión como casi cobarde o timorata. Es un buen ejemplo de “esa” razón de Estado.
Y arremete contra el turno de oficio, que gestionan “los suyos”, y afirma que hay compañeros que se benefician de ello…
Sí, conozco casos. Cuando uno está detenido es una situación traumática. Nadie tiene de sí mismo el sentimiento de ser un delincuente. Cuando alguien es llevado a un cuartelillo de la Guardia Civil o a una comisaría de Policía toda nuestra idea de cómo nos protege la manada se viene abajo. El detenido queda hecho una piltrafa. Tiene una sensación se desconcierto tremenda. En ese momento firma todo lo que se le ponga delante y sobre todo firma lo que le ponga su propio abogado. El abogado te defiende, te plantea aquello como algo secundario pero en la carta de derechos que te leen te dicen, “si usted no designa uno se le pondrá de oficio”. Pero no se le dice, “con la advertencia de que podrá no ser gratuito”. Simplemente si se dijera eso, al añadirlo, todo el tinglado se les caería. Un abogado de oficio no tiene porqué ser gratuito. Para algunos bufetes es una buena forma de captación de clientes.
Pero las estadísticas…
Las actuaciones de estos defensores de oficio penales se integran en las estadísticas como servicios sobreentendidamente gratuitos prestados a los ciudadanos. No es cierto. El abogado de oficio tiene derecho al cobra de su minuta salvo que el justiciable tenga derecho a justicia gratuita. Es asistencia de oficio pero no asistencia “de gratis”. Hay que pagarla. No sabe usted la sorpresa que se llevan algunos cuando reciben la minuta de los abogados. No es injusto, si tienen medios, pero es una encerrona. Eso hay que explicárselo antes. Las cifras de asistencia penal se presentan públicamente como si fueran asistencias gratuitas a justiciables sin recursos, lo que no es cierto.
Usted es muy crítico con las tasas, pero no está en contra. Explíquese.
Sí, creo que están mal puestas. Primero en cuantía, segundo en el momento de ponerlas, tercero en la cobertura. Yo me muevo entre dos polos, el primero: cuando es gratuito es utilizado con menos criterio que si no es gratuito. Se me podrá decir que la justicia es algo tan básico que debe ser gratuito en cualquier caso. Bueno vivimos en una sociedad en la que nos cobran el agua potable. Pagamos la electricidad. Hay familias que están en una situación lastimera que pagan la electricidad. La sanidad no es gratuita. La pagamos, de uno modo u otro. No tenemos sanidad gratuita universal.
El hecho de que la justicia se pague no es una aberración conceptual. Otra cosa es que ese pago lo haga impeditivo del acceso. Todos admitimos que el Ayuntamiento debe cobrar el agua, pero también debemos admitir que nadie se debe debe morir de sed. A nadie se le debe cortar la luz por penuria económica. Creo que tendría que haber otros organismos que fueran los que articularan una normas compensatorias. O habrá que estudiar exenciones. Ahí hay un campo para la justicia gratuita. También soy crítico de cómo se articulan las exenciones actualmente.
Dicho esto, primero una cosa es que haya tasas y otra cosa es que te pongan 800 euros de tasa por recurrir la sentencia de un juicio en el que apenas estás discutiendo esa cuantía. Lo que se está haciendo es disfrazando de tasa una barrera para que no apeles. De lo que se trata es de limitar el acceso a la justicia.
Y luego el momento en el que se pone. Se debería cobrar las costas al condenado no al individuo que tiene razón.
Usted hacer referencia al juez estadounidense, Richard Posner, como el gran gurú de este planteamiento, y dice que parece haber sido la inspiración para el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y su equipo, en la implantación de las tasas en España. ¿Cree usted que ha sido mal entendido?
Posner es mucho más racional que lo que puso Gallardón. La tasa por definición no es un impuesto, es un tributo. El impuesto se puede poner por capacidad económica. La tasa es la estricta contraprestación de un servicio. Si a mi prestar ese servicio me cuesta 4 pesetas, yo no puedo cobrar 5. Porque entonces estoy poniendo un impuesto encubierto. No es una tasa. Si pongo 4, sí es una tasa.
Si la tasa es la tramitación material del asunto, no podemos poner las tasas en el primer momento, en el primer escalón, porque impide tener acceso a la Justicia. Como se han puesto. Otra cosa es ponérsela a los que pierden sentencia. No podemos ponerlas por esas cuantías. Es un despropósito. Y una vulneración de la tutela judicial efectiva.
En un interesante artículo publicado en la página web de la ONG “European Dignity Watch” (Bruselas, Bélgica), la destacada sociólogo y ensayista alemana Gabriele Kuby traza la crónica de un próximo fracaso.
Que la influyente sociólogo Gabriele Kuby argumente respecto de las falencias y daños al bien común que genera la ideología de género no es nada nuevo. Ya publicamos enPortaluz hace un año, dos valiosas entrevistas que todo católico, persona de otra fe religiosa o ateo -en especial aquellos con vocación de servicio público-, debería leer y reflexionar (primera publicación / segunda publicación).
Pero es todo un acierto que hoy sus argumentos se sustenten en filtrar las conclusiones de un informe de 146 páginas, elaborado por un centro de pensamiento que busca globalizar la ideología de género… y que expone las propias falencias y temores.
La entidad que ha encargado el estudio a un equipo de la “Foundation for European Progressive Studies”, es la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (F.E.S.), centro de actividad intelectual con influencia global, del Partido Socialdemócrata (SPD), que actualmente gobierna Alemania en una coalición con el Partido Demócrata Cristiano, liderados por la Canciller Angela Merkel.
Tras analizar el referido informe, la conclusión de Kuby es categórica y la sitúa en el título de su artículo: “Alarma entre los activistas de la ideología de género…” (pulse para leer el artículo completo de Kuby en inglés).
El extracto del artículo de Kuby, que Portaluz presenta en español, es un signo cierto de esperanza.
¿Cómo puedo convencer a mi hijo de 3 años, que él es transgénero? – Pregunta a Jane
Querida Jane.
He estado en un estado de agitación perpetua tales desde que dar a luz. Mi hijo, el que ahora es de 3 años de edad, pronunció “ellos”. Me he sumido en un estado atroz de depresión crónica, porque “ellos” no quieren jugar con los juguetes de niña. Me destruye que “ellos” podría ser otro macho cisexista blanco, y otro agente futuro del patriarcado. Eso no es justo el tipo de estilo de vida que pueda apoyar o estar de acuerdo. “Su” padre también ha sido profundamente abatido por la renuencia de nuestro hijo para cumplir con nuestra postura y los ideales de género. Mi marido identifica como de género neutro, y siempre que sea “Xe” (pronombre actual de mis madridos) testigos de nuestro niño jugando con camiones y trenes de juguete, se dispara “Xer” tan fuerte que “Xe” se derrumba en un montón temblor de nerviosismo TEPT inconsolables.
Mi pregunta es, ¿cómo puedo convencer a mi hijo a florecer en la persona transgénero fabulosa que yo sé en mi corazón “ellos” son realmente? Todo lo que siempre he querido era un niño trans, y el hecho de que “ellos” parecen tan atraídos por juguetes de niños y se niegan a ponerse los hermosos vestidos que con tanto esfuerzo elijo para “ellos” sólo aplasta mi alma. ¿Qué puedo hacer para que “ellos” entiendan el daño que infligen a nuestra familia a través de su identidad como un hombre blanco de género-CIS? Por favor, Jane, ayúdanos, está desgarrando nuestra familia aparte.
Sinceramente, Ariana
Ariana, gracias por su carta conmovedora. En verdad la frase, “una madre sabe mejor”, nunca ha sido más apropiado que aquí. Nadie quiere un hijo varón CIS blanco, y la gente que fingir que no son más que engañando a sí mismos.
Pero no hacer traste. Todavía hay tiempo para que su hijo vea la luz de la feminidad. Una de las mejores maneras de hacer esto es para privarlos de ropa masculina, juguetes, programas de televisión, ect. Si nunca saben la masculinidad tóxica existe entonces no puede tentar y / o daño.
Me doy cuenta de que puede ser difícil de bloquear completamente fuera influencias ofensivos, pero eso es cuando se necesita para sentarse a su hijo hacia abajo y explicarles todos los males en el mundo perpetuados por los hombres. Explique por qué no quieren identificarse de tal manera, y también es importante para el padre del niño para reforzar estas ideas. Corresponde a “Xer” para demostrar que la feminidad es el camino a seguir, y será la única vía aceptable para ellos identifican como bajo su techo. Al interactuar con el padre del niño, siempre será la fuerza dominante, y permita que su hijo presenciar eso. Incluso si “Xer” no se identifica como un hombre, que es importante para su hijo para ver que hasta los micro-muestra de masculinidad deben apagaron en la raíz antes de que se extendieron como el cáncer que son.
Déjame que te felicito por tomar una postura proactiva y progresivo en su crianza. Es madres como tú que están ayudando a usurpar la enfermedad de la masculinidad y desmantelar el patriarcado en ella es la esencia misma.
El próximo 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, se cumplirán once años de la ley más perversa de las aprobadas en España en lo que va de siglo XXI.
La Ley de Violencia de Género (LVIOGEN) viola multitud de derechos constitucionales: igualdad, presunción de inocencia, dignidad de la persona, recurso de habeas corpus, y tutela judicial efectiva; cuestiones que a pesar del tiempo transcurrido, salvo los damnificados, familiares y amigos; la mayoría de la población española continúa sin querer tener en cuenta y suele mirar para otro lado.
En este ámbito la corrupción, es lo más común, para la cual es imprescindible la entusiasta colaboración de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, forenses, psicólogos, y un largo etc. que obtienen pingües beneficios del sufrimiento de cientos de miles de hombres, y de sus familias.
La LVIOGEN legalizó el linchamiento, la vejación sistemática, y el castigo a los varones, «por el hecho de serlo», en las relaciones familiares y conyugales. La VIOGEN impone penas más severas a los hombres, cuando incurren en el mismo ilícito penal que las mujeres; y priva de la presunción de inocencia a los varones españoles. Según la LVIOGEN casi todo es considerable como delito de «maltrato», si el sujeto activo es varón, insisto: todo, pues la norma invierte la carga de la prueba.
¿Cómo es posible, pues, que el Congreso de los Diputados aprobara semejante engendro?
La Ley de Violencia de Género se aprobó al dictado del lobby feminista al que los políticos no deseaban contradecir, so pena de ser tildados de falócratas, machistas, misóginos, cómplices de los maltratadores, y lindezas por el estilo y “suicidarse” políticamente… Pese a que por entonces, existían mecanismos legales específicos contra los denominados «malos tratos en el ámbito doméstico».
La primera cuestión de inconstitucionalidad a la Ley de Violencia de Género la planteó en julio de 2005 una mujer, la magistrada de Murcia, María Pozas, al verse obligada a mandar a un hombre a la cárcel tras discutir con su esposa. La magistrada afirmaba que imponer penas distintas en función del sexo del agresor es claramente inconstitucional, al generar desigualdad penal por el mero hecho de ser hombre…
También los Fiscales de Violencia doméstica afirmaron que la LVIOGEN no debía incluir ninguna mención a la denominada «discriminación positiva», por entender que ello implica la violación del art. 14 de nuestra Constitución.
Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial redactó un informe demoledor en contra del proyecto de Ley de Violencia de Género.
Una vez conseguido el aval del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en una de sus sentencias acabó «de un plumazo» con la presunción de inocencia recogida en el artículo 24 de la Constitución, decidiendo que «basta el testimonio de la víctima aunque no haya otros testigos del hecho para fundamentar la condena contra el marido».
Cualquiera que esté en contacto con la terrible realidad de las rupturas matrimoniales, los pleitos por la custodia de los menores, los pleitos por la liquidación del régimen económico de gananciales, sabe hasta qué extremos la ley ha envilecido cualquier afecto conyugal.
Desde la entrada en vigor de la LVIOGEN han sido procesados en España más de 1.500.000 hombres denunciados «malos tratos»- y juzgados en tribunales de excepción, donde se procesa exclusivamente a hombres- de las que alrededor del 85% son denuncias falsas o abusivas, según el estudio llevado a cabo por el ex magistrado Francisco Serrano y algunos juristas de reconocido prestigio. La mayoría de los denunciados, además de ser detenidos ilegalmente, por una simple denuncia, se les impone medidas cautelares desproporcionadas: órdenes de alejamiento, expulsión inmediata del domicilio, suspensión del régimen de comunicación y estancias con sus hijos, y la anotación de sus nombres en un registro central de maltratadores. Todo esto antes de haber sido juzgados y, generalmente, antes de haber sido siquiera escuchados.
Una vez etiquetado el varón como «maltratador», antes o después de ser juzgado, puede ser acusado de otros delitos mucho más graves: delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la pareja o incesto, de los que se ocuparán también los juzgados de Violencia de Género, aplicándosele la presunción de culpabilidad hasta el infinito. El «maltratador», se convierte automáticamente en culpable de cualquier otro delito que se le desee imputar. Lo cual conduce hombres inocentes a ser destruidos como ciudadanos: más de un millar de suicidios anuales de varones por esta causa.
Las acusaciones por «malos tratos» planean sobre la mayoría de los procesos de divorcio, y muchos abogados los utilizan como elemento de presión. Con una simple denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, al de Violencia de Género, penal.
La primera conclusión que se saca tras la lectura de la perversa ley es que, quienes han tenido la triste suerte de nacer con pene, en España, son ciudadanos de segunda categoría, culpables, no se sabe bien de “qué” mientras no logren demostrar lo contrario. También subyace la idea de que las mujeres nunca mienten. Al entender de los legisladores, las mujeres nunca denuncian falsamente. Las mujeres, según la LVIOGEN, siempre dicen la verdad, motivo por el cual es impensable que denuncien falsamente a su esposo, novio, compañero, con intención de causarle algún daño.
El repertorio de acciones masculinas calificables como “violencia de género” incluye desde proferir palabras soeces o malsonantes, expeler una ventosidad, zarandear a una mujer, empujarla… hasta ejercer violencia física, puntualmente, o de manera ocasional; o el “cajón de sastre” donde todo cabe, y que nombran como “violencia psíquica” (lo común es que lo llamen violencia “psicológica”, que se supone que debería significar la “violencia que ejercen los psicólogos”).
Lo que narre una mujer ante el Juez, la Policía, o la Guardia Civil, dependerá del daño que pretenda infligirle a su compañero… Da igual si es o no verdad, pues siempre –salvo honrosas excepciones- se encontrará con un juez que considere ciertas sus afirmaciones, y falaces las del denunciado. Otras veces contará con el apoyo entusiasta del Equipo Técnico Psicosocial adscrito a los mencionados juzgados de excepción, que certificarán que posee todos los rasgos de mujer maltratada, y su compañero de un cruel abusador… y si no, todavía queda la valiosa colaboración de algún médico, o médico forense.
En esta terrible tragicomedia, es importante la intervención de los “abogados del turno de oficio de género”, algunos de los cuales harán todo lo posible por convencer al denunciado de que firme una sentencia “de conformidad”, por sugerencia de la fiscalía, si quiere salir de aquello que llaman “palacio de justicia” cuanto antes, y con una sanción leve, pues está perdido irremediablemente, diga lo que diga… Lo cual ocurre en múltiples ocasiones, sobre todo si se ha dado otro factor de especial importancia: cuando un hombre es denunciado por supuestos malos tratos a su compañera, es detenido y encarcelado en los calabozos de la Guardia Civil, o de la Policía, saltándose todas las normas legales, tales como el derecho al “recurso de habeas corpus”; y si la detención se efectúa el viernes, es seguro que el hombre pase todo el fin de semana en el calabozo, y sea puesto a disposición del juez (en algunos casos ni eso) el lunes siguiente. En tales casos, hacer que el detenido firme lo que se le ponga por delante, y se declare culpable de un delito que no ha cometido, está “chupado”. Por supuesto, estos abogados normalmente tienen alzheimer selectivo, y no le cuentan al denunciado que al firmar la sentencia “de conformidad” renuncian a cualquier posibilidad de recurso.
Y… ¿Qué ocurre cuando los que los embustes son de tal magnitud que, la falsaria se contradice y se salen de ojo? Pues muy sencillo, para evitar que el perjudicado pueda reclamar alguna compensación, el juez de turno decretará su absolución “por falta de pruebas”, que no es lo mismo que declararlo inocente.
En los Juzgados -de excepción- de Violencia de “Género” consideran que las denuncias de una mujer -o de un menor- por malos tratos o abusos siempre son veraces, y que ninguna mujer ni ningún niño miente en tales casos. Y quien piense lo contrario es que se está dejando llevar por estereotipos machistas y patriarcales.
Generalmente, los jueces, atemorizados por el enorme poder de sus seguidores de la perspectiva “de género” y sus trovadores y aduladores, dictan de forma apresurada medidas cautelares, impidiendo al denunciado el contacto con sus hijos, a riesgo, claro está, de que posteriormente se descubra que el alejamiento era injusto y que éste era el propósito de la madre denunciante.
Desgraciadamente, meses o años de incomunicación desembocan en rupturas de los lazos entre padres e hijos, o alejamientos de por vida.
Estamos hablando de un salvaje retroceso en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978, de la que pronto celebraremos su trigésimo séptimo aniversario, que todos los días se les niega a la mitad de la población por haber nacido con pene. La liberticida y totalitaria LVIOGEN es la culminación de una doctrina que se ha instalado en España y goza de omnipresencia en las instituciones del Estado de Derecho. Una ideología que se llama feminismo de género. Un régimen político, al fin y al cabo, que solo la “sociedad civil” puede derrocar, pues cualquiera que esté bien informado debe de tener en cuenta que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.
La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género fue muy bien recibida. ¿Qué cree que está fallando?
¿Qué tipo de casos se le presentan con más frecuencia?
¿Tan mal están las cosas?
Y los jueces, ¿como actúan?
¿No dictan órdenes de alejamiento a las mujeres en situaciones análogas?
¿Se dan más casos entre parejas jóvenes?
